COMISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA (1987)

La Comisión de Estudios sobre la Violencia (CEV)8 fue nombrada a través del Ministro de Gobierno Fernando Cepeda, durante el gobierno del presidente Virgilio Barco, que ejerció su mandato entre 1986 y 1990, siendo conformada por un grupo de diez académicos, quienes tuvieron como objetivo realizar un estudio sobre la violencia en el país y plantear recomendaciones al respecto, las cuales, fueron consignadas en un informe publicado en el año 1987, buscando dar respuesta a los siguientes propósitos: La comisión contó con la coordinación del profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Gonzalo Sánchez Gómez, y estuvo constituida por los sociólogos Álvaro Camacho, Álvaro Guzmán, Eduardo Pizarro Leongómez y Carlos Eduardo Jaramillo, los antropólogos Jaime Arocha y Darío Fajardo, el filósofo Carlos Miguel Ortiz, el ingeniero Santiago Peláez, y el general retirado Luis Alberto Andrade; quienes al final de su labor, publicaron el informe Colombia: violencia y democracia. cada comisión, puesto que, la primera se ubicó en los orígenes del conflicto, y la segunda, acontece en una etapa intermedia del conflicto, cuando iniciaban los procesos de paz con las insurgencias, los cuales se habían emprendido en el gobierno anterior de Belisario Betancur (1982-1986); hecho que, conlleva en este subcapítulo a identificar varias alusiones del informe donde se hace referencia a este tema, particularmente, las vinculadas con el ámbito comunicativo.

En cuanto al panorama internacional, este tipo de comisiones de estudio sobre la violencia, también presenta antecedentes en otros países durante los años precedentes, por ejemplo, con el Comité d´études sur la violence, la criminalité et la délinquance (1977) en Francia; y The National Commission on the Causes and Prevention of Violence (1968–1969) en EE. UU., que incluyó entre las subcomisiones que la integraban, una sobre mass media (Jaramillo, 2014: 127- 128). sobre los medios de comunicación, el cual, de acuerdo con la metodología de la comisión, contó para su elaboración con la participación de dos expertos sobre el tema, en este caso, a través de los periodistas Ramón Jimeno y Ana María Cano (Jaramillo, 2014: 135). Estos aportes se contrastan con planteamientos contemporáneos del gremio periodístico, o en publicaciones distintos componentes que los constituyen, prescindiendo de concebirlos como un ente homogéneo, sino que, está integrado por diferentes elementos, pues en algunos casos, se «…presentan los medios como técnicas a las que se les atribuyen propiedades éticas y políticas, como si fueran sujetos (…) seres, y, por otro lado, como si fueran autónomos y como si fueran una unidad» (Narváez, 2015: 87). En esta perspectiva, en el informe se destacan tres ámbitos de los medios: en primera instancia, su condición como organizaciones empresariales con unos intereses políticos y económicos determinados; en segundo lugar, los trabajadores que se desempeñan dentro de esta estructura, aludiendo particularmente a los periodistas; y finalmente, la referencia sobre las fuentes informativas que, en el caso del conflicto armado han sido constituidas, principalmente, por las fuerzas militares, los actores gubernamentales y, en menor proporción, las guerrillas, que han promovido, en cada caso, sus respectivas versiones del conflicto (CEV, 1989: 135).

Una evidencia de lo anterior, se expuso en el informe al señalar que, en reiteradas ocasiones los medios asumieron y promovieron un discurso informativo que priorizó la opción militar como alternativa para resolver el conflicto armado, a la vez que, se agenció una actitud contraria al diálogo y los procesos de paz en la población (CEV, 1989: 136), tendencia que, corresponde a la siguiente perspectiva: trabajo, preguntando a quinientos periodistas de nueve ciudades, sobre las presiones que incidían en su labor, y en tal caso, cuál era su procedencia, obteniendo el siguiente resultado: «El 90% respondió afirmativamente sobre la existencia de este tipo de presiones, indicando que provenían de las siguientes fuentes: 28% pauta publicitaria, 26% propietarios de los medios, 19% sectores militares y policiales, y 0.8% opinión pública» (CEV, 1989: 140). Al respecto, se comprueba que la censura «…es consustancial a la guerra (…) [y] es muchas veces indispensable la colaboración entre las instituciones militares o civiles encargadas de ejercerlas y los medios informativos» (Pizarroso, González y Sapag, 2007: 29); aspecto que, tuvo la respectiva incidencia en el ámbito periodístico, y se vinculó, además, con otras presiones ejercidas a través de graves violaciones a los derechos humanos de los periodistas, que incluyeron modalidades tales como, atentados contra las sedes periodísticas, amenazas, secuestros, exilios y homicidios, entre otras. Numerosos periodistas, particularmente de las regiones, han sido objeto de amenazas, secuestro y expulsión hacia el exilio. Pero 152 murieron en sus casas hasta donde penetraron con sevicia sus asesinos; en la calle o en carreteras o en las propias instalaciones de sus medios de comunicación, a donde llegaron narcos, paramilitares, guerrilleros, integrantes de bandas delincuenciales e inclusive agentes del Estado para cumplir su objetivo (CNMH, 2015b: 19).